Los peajes en Colombia financian los manejos opacos y oscuros de las “autopistas” 4G

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En un denso informe de 257 páginas, la Contraloría General de la República (CGR) acaba de presentar una radiografia bastante completa de las autopistas 4G que se están ejecutando en el país donde documenta todo tipo de conductas, francamente criminales, que obstaculizan el progreso del país.

Hechos de corrupción evidentes, que casi menciona en voz baja, y una serie de procederes de las entidades auditadas que encarecen claramente las infraestructuras concesionadas e impacta directamente sobre nuestros bolsillos al hacer de Colombia uno de los países con los peajes más caros del continente, se reflejan meridianamente en la auditoría terminada en diciembre de 2019 y liberada y publicada en junio del presente año.

A pesar de las conductas reveladas y documentadas, el más alto organismo de control fiscal del país se abstiene de poner en conocimiento de la Fiscalía y la Procuraduría, las revelaciones claramente identificadas, limitándose a darles una calificación de “hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y fiscal”.

Aquí les presento los principales eventos descubiertos por la Contraloría, con base en información de las propias entidades auditadas, para que ustedes elaboren su propio juicio.

Los peajes más caros del continente

Colombia es el segundo país con los peajes más caros del continente. El primero es Chile, con una “pequeña” diferencia. En Chile, las autopistas sí lo son y cada peaje se encuentra a una distancia promedio de 120 kilómetros entre uno y otro.

En Colombia, el término “autopista” parece una descripción sarcástica e irónica para carreteras que en buena parte son de un solo carril, pésima construcción y mantenimiento (la afirmación no es nuestra sino del Foro Económico Mundial) y una distancia entre uno y otro peaje de 40 a 50 kilómetros, de media, aunque se encuentran unos más descarados de 30 y 34 kilómetros de separación o la tapa de la olla como el del Río Bogotá y Mondoñedo en Cundinamarca que tiene menos de 20 kilómetros.

Lo primero que hace la ANI y el concesionario, cuando gana la licitación, es construir unos inmensos andenes de casetas de peaje que metros más adelante terminan en un embudo, como si quisieran parodiar aquella famosa canción de Los Betos, “La Ley del Embudo”, que dice: “lo ancho pa’ellos y lo angosto pa’uno”.

Los objetivos de las concesiones no se han logrado

En su lapidario informe, la Contraloría General de la República (CGR), audita la cuadratura del pilar sobre el que se sostiene la política de infraestructura del gobierno nacional y el tan cacareado “pilar del desarrollo” del país: el Ministerio del Transporte (MT); la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI); el Instituto Nacional de Vias (INVIAS) y la Superintendencia de Transporte (ST). Se los resumo de manera coloquial: según el organismo de control, entre las cuatro no se hace un caldo.

Tanto, que apenas empezado su extenso informe, lo rubrica con una afirmación cortante y contundente: “De acuerdo con el PND 2014 – 2018 el Programa de Concesiones Viales 4G reduciría los tiempos de desplazamiento entre los centros productivos y los puertos hasta en un 30 % y disminuiría los costos de operación vehicular hasta en un 20 %, resultados que no se alcanzaron…” producto de todo tipo de hechos que ya iremos desglozando.

Vale la pena aclarar que la CGR analizó una década de concesiones viales 4G, desde el 2010, pero el problema lleva muchas más como lo expresa en el contexto de antecedentes: “…aún con la existencia del Programa de Concesiones Viales 4G, que implicó la vinculación del sector privado, persisten las deficiencias ya identificadas en las primeras generaciones de concesiones.”

Todos le ponen trabas a la rueda

Y aunque el organismo fiscalizador puso el acento sobre las cuatro altas entidades arriba señaladas, la verdad es que los actores que intervienen en los proyectos de infraestructura es una larga lista que marea con solo leerla, pero de obligada reseña si queremos entender la gravedad del problema:

Los actores e intervinientes que conforman el marco institucional del Programa, se enuncian a continuación:

Ministerio de Transporte – MT; Ministerio de Hacienda y Crédito Público – MCHP; Departamento Nacional de Planeación – DNP; Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS; Consejo de Ministros; Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES; Presidencia de la República; Vicepresidencia de la República; Ministerio del Interior – MI; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS; Ministerio de Minas y Energía – MME; Ministerio de Cultura – Mincultura; Ministerio de Defensa Nacional – Mindefensa; Autoridades Ambientales (Corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible (CAR) y las autoridades ambientales urbanas); Entidades Territoriales; Agencia Nacional de Tierras – ANT; Unidad de Restitución de Tierras – URT; Oficinas de Registros e Instrumentos Públicos; Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH; Superintendencia Transporte – ST; Parques Nacionales Naturales de Colombia – PNN; Instituto Nacional de Vías – INVIAS; Agencia Nacional de Licencias Ambientales – ANLA; Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH; Sociedad de Activos Especiales – SAE; Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC; Autoridades locales.”

A ninguna les preocupa el país o la prosperidad de los colombianos, convertidas en pequeños reinos que defienden con puños y dientes. Coordinadas, en teoría, por el MIT y la ANI, la respuesta que estas dos entidades le reportaron a la CGR, sobre la inoperancia y demora exagerada en sus respuestas y trámites, fue siempre la misma, sin sonrojarse siquiera: “…limitaciones en las capacidades operativas y administrativas de estas….

El IGAC, campeón en las demoras tramitológicas -como lo veremos más adelante- y cuyos conceptos son esenciales muchas veces, fue el más descarado.

Ni la tutela los compromete

Uno de los concesionarios incluso tuvo que recurrir al mecanismo de la tutela para lograr algún pronunciamiento e intentar celebrar un acuerdo de cooperación con el instituto, pero a pesar de todos los esfuerzos la respuesta del IGAC a la Contraloría fue: “… el IGAC manifestó que, pese a que dicho acuerdo de cooperación se encuentra aprobado, el problema lo tienen con el Sistema Nacional y no se pueden comprometer con la realización de los mencionados tramites (sic)”

Ahora bien, ustedes se preguntaran, como me lo pregunté yo, pero si todas estas concesiones son Asociaciones Público Privadas (APP) donde no se utilizan dineros públicos y el riesgo es compartido, ¿cuál es el misterio?

Pues, por un lado, los troncos en las ruedas que atraviesan las propias entidades del Estado y los inocultables pero poco denunciados casos de corrupción que proliferan en la actividad estatal.

La afirmación tampoco es gratuita e irresponsable de quien esto escribe. Lo dice la CGR en su informe: “Algunos factores que afectaron la oportuna financiación de los recursos para la consecución de los cierres financieros en los proyectos de Concesiones Viales 4G han sido el limitado número de entidades financieras nacionales financiadoras de proyectos de infraestructura… y el riesgo reputacional por actos de corrupción.”

Autopista Mulaló-Loboguerrero

Negocio multimillonario y de pocos

A pesar del comentario de la CGR, el negocio es multimillonario, no se llamen a engaño, y tan lucrativo que uno de los actores importantes que participa en el apetitoso ponqué, es el hombre más rico de Colombia, Luís Carlos Sarmiento Ángulo, poseedor de los dos extremos de la pita: los bancos para financiar y los contactos con el alto gobierno para lograr la adjudicación.

Tan rentable y productivo que, evidentemente, da para pagar corruptas y millonarias coimas como quedó patentado en el todavía fresco caso de corrupción de la brasileña Odebrecht y sus socios colombianos Episol, empresa del magnate Sarmiento Ángulo.

Pero no es la única modalidad en que se expresa la corrupción. Otra, aberrante y vergonzosa, es el del “Pagos Comisiones de Éxito” y el nombramiento del panel de “Amigables Componedores” que por su nauseabunda y escandalosa práctica denunciada por la CGR, trataremos en un artículo aparte.

Un despilfarro con tufillo de corrupción

O el de la compra de predios sin justificación aparente -en 2018 la ANI contaba con un presupuesto de 2,2 billones de pesos para la adquisición de estos bienes- o el despilfarro de los recursos por un manejo irresponsable e incompetente de sus responsabilidades legales, pero que expelen un ligero tufillo de corrupción, igualmente.

Dice la CGR: “Se identificaron seis (6) predios que fueron adquiridos para el desarrollo de cuatro (4) proyectos viales para los cuales se ejecutaron recursos del orden de $2.590 millones en la adquisición de predios que no fueron utilizados para la ejecución de las obras, y sin acciones efectivas para recuperar los recursos.

En otros tres proyectos de concesión vial, el organismo de control encontró que los recursos para adquisición de predios pasaron de $8.626 millones a $82.810 millones.

Una descomunal diferencia de $74.184 millones que se destinaron a pagar 18 predios por vía de expropiación judicial que obviamente redujeron las arcas de la ANI para comprar los predios requeridos en otros proyectos.

Se beneficiaron los colombianos o solo se benefició el particular

Como les decía, el informe es largo, denso y complejo, pero nosotros no nos caracterizamos precisamente por ser los mejores lectores de crónicas largas.

Lo que revela la CGR, a nuestro juicio, es una olla podrida que a modo de iceberg solo deja ver la punta pero que estamos dispuestos a desmenuzar y exponer en toda su dimensión. Por esa razón y para comodidad de ustedes, hemos decidido dividirla y entregarla por partes.

Esta es solo la punta; lo que no deja ver el mar, puede ser más escalofriante.

En la próxima entrega: la Contraloría General de la República revela veladamente sus temores sobre si la concesión de la vía Bogotá-Villavicencio que se le entregó a Luis Carlos Sarmiento Angulo, se adjudicó pensando más en el beneficio de los colombianos, o se privilegió más el beneficio del particular.

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oluribe@gmail.com | + posts

Soy un periodista de ideas modernas y principios antiguos. Profeso los mismos ideales del portal como padre putativo que soy del mismo. En consecuencia creo firmemente en la necesidad de una prensa libre, de una fuente de información confiable y con criterio.

Con esta creencia que nos ha acompañado por largos años hemos intentando crear en nuestros lectores el espíritu de una sociedad informada, libre de manipulaciones políticas, con opinión independiente y crítica de su entorno, de sus dirigentes y de los males endémicos que la aquejan.

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