En la malograda autopista a Villavicencio se privilegiaron los intereses de Sarmiento Angulo sobre los de la comunidad, dice la CGR

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El negocio multimillonario de la infraestructura carreteable de Colombia tiene cinco importantes actores. El principal es el multimillonario banquero y dueño de medios de comunicación Luís Carlos Sarmiento Ángulo.

Los otros son: Conconcreto de los hermanos antioqueños J. Mario y Darío Aristizábal; la empresa nariñense de la familia Solarte, liderada principalmente por Carlos Alberto Solarte (CAS); El decano de todos, se podría decir, Mario Huertas Cotes (MHC) que representa la tercera generación de su familia metida en estos menesteres; y otro viejo corredor de esta pista a cinco carriles, José Jairo Correa, dueño de Construcciones El Condor, hoy en manos de su hija Luz María Correa Vargas.

Sarmiento Angulo, por su parte, creó cuatro compañías para desviar cualquier posible acusación de comportamientos monopólicos. Ellas son: PISA (Proyectos de Infraestructura), Episol (tristemente en la memoria de todos los colombianos por el escándalo de Odebrecht), Concecol (Colombiana de Concesiones y Licitaciones) y Epiandes (Estudios y Proyectos de los Andes).

Se privilegió el interés particular sobre el general

La Contraloría General de la República (CGR) le quiso meter el diente a todos, pero no todos se dejaron. En el caso de la autopista Bogotá-Villavicencio que le correspondió al multimillonario banquero, el órgano de control manifestó sus preocupaciones por los criterios de selección que se utilizaron para beneficiar su propuesta.

Aunque timorata y miedosa ante los poderes que enfrenta, se limitó a mencionar el milagro pero no el santo. La CGR manifiesta, con alguna sutileza, la incertidumbre sobre si la elección de la empresa de Sarmiento fue la mejor para satisfacer las necesidades del interés general y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Lo cual, dicho en otras palabras, implica si al revés de lo que se pregona de que el Estado debe estar al servicio de la comunidad, aquí se privilegió el provecho del poderoso concesionario privado.

Lo peor es que la malograda autopista a Villavicencio, que posee los peajes más caros de Colombia, está condenada al fracaso en su conectividad con Bogotá por la que por largas décadas tanto lucharon los villavicenses.

Una autopista condenada a cierres permanentes

La Contraloría advierte que el contrato de concesión no contempla la solución a los cierres permanentes de la vía por los sitios críticos que maneja. No fueron considerados en el contrato.

Tampoco gozan de fuente de financiación, porque los recursos de los carísimos peajes se destinan a la construcción de una nueva calzada y al mantenimiento de la autopista construida, con el veneno perverso y condicionado de que los puntos críticos quedan por fuera del acuerdo.

El concesionario de la nueva calzada y mantenimiento de la construida, fueron, obviamente, las empresas del banquero Sarmiento, quien se embolsilla por ese solo proyecto la nada despreciable suma de “CINCO BILLONES NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS ($5.090.472.461.167) PESOS DE DICIEMBRE DE 2013”.

¿Cuál olla será la más podrida?

La verdad, es que en el informe de la CGR uno no sabe cuál olla es más podrida,

En su labor auditable, la CGR le preguntó a los concesionarios y las respectivas interventorías, un amplio cuestionario sobre temas ambientales, sociales y prediales, pero el que despertó todos los pánicos fue, sin lugar a dudas, el mecanismo del amigable componedor.

Tanto, que algunas simplemente se negaron a contestar, pero como les advertí en el artículo pasado, este tema será objeto de una crónica especial.

De las 31 concesiones a las que se les remitió el cuestionario, 23 respondieron lo que quisieron y 8 se negaron a responder el requerimiento de la CGR. De las respectivas interventorías 24 fueron respetuosas y 7 ningunearon la labor fiscalizadora.

El propio gremio pone el dedo en la llaga

Lo mejor de todo este cuento, es que las fallas son tan protuberantes que la CGR, quizás para curarse en salud, le preguntó al propio gremio representado en la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) cuáles consideraba que eran los ajustes que necesitaba el programa para ser exitoso y mostrar resultados palpables.

Entre muchos otros, la CCI le respondió:

-Revisar la normatividad vigente de modo que sea posible castigar los casos de corrupción y/o colusión, garantizando la terminación de la obra.

-Reformar el gobierno corporativo y la estructura organizacional de la ANI de modo que la entidad tenga una junta directiva independiente, períodos fijos de presidencia y personal calificado para cumplir su misión. 

Como acostumbran decir mis amigos españoles: “se podrá decir más alto, pero no más claro.”

En la próxima entrega: En las instituciones del Estado nadie le pone el cascabel al gato, porque el “fuego amigo” no permite ni asomar la cabeza.

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oluribe@gmail.com | + posts

Soy un periodista de ideas modernas y principios antiguos. Profeso los mismos ideales del portal como padre putativo que soy del mismo. En consecuencia creo firmemente en la necesidad de una prensa libre, de una fuente de información confiable y con criterio.

Con esta creencia que nos ha acompañado por largos años hemos intentando crear en nuestros lectores el espíritu de una sociedad informada, libre de manipulaciones políticas, con opinión independiente y crítica de su entorno, de sus dirigentes y de los males endémicos que la aquejan.

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