Contralor de Cundinamarca, en plena pandemia, despide a una funcionaria discapacitada

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Juez ordena su reintegro, pero tutela sus derechos de manera transitoria por espacio de cuatro meses.

El caso de Lilia Marcela Torres López, puede ser una radiografía de la precariedad laboral que se vive diariamente en el Estado Colombiano. El Estado, no solo en Colombia sino en el mundo, es el mayor empleador que tienen las sociedades.

En los países desarrollados, para evitar manipulaciones políticas y despidos injustificados se creó en la totalidad de ellos la figura de la carrera administrativa que busca garantizar sus derechos y evitar una inestabilidad laboral que los someta a humillaciones y manoseo político que altere o impida el normal desarrollo de las actividades propias de la función estatal.

Les pongo un ejemplo notorio y reciente de los Estados Unidos. Antony Fauci, el mayor experto epidemiólogo del gran país del norte, líder indiscutible de la lucha contra el Covid-19, se negó a seguir los devaneos irresponsables y estúpidos del Presidente Trump.

Ni el poderoso Trump puede con los de carrera

Donald Trump, a pesar de sus deseos, no pudo despedirlo y se limitó a aislarlo e ignorarlo en el manejo de la pandemía. La razón de que Trump tenga que soportar a Fauci es que el científico es un funcionario de carrera, imposible de despedir por el simple capricho del mandatario.

Pues bien, los funcionarios de carrera en Colombia son una privilegiada minoría, que también hace de las suyas, hay que reconocerlo; pero la mayoría de la enorme fuerza laboral estatal de nuestro país, está sometida todos los años a “implorar” la continuidad de sus servicios a los políticos con influencia en la entidad o al nominador que ocupe en ese momento el cargo.

Durante doce largos años, ese ha sido el tormento laboral de Marcela Torres, una mujer luchadora y esforzada, madre de dos hijos adolescentes, en el momento cabeza de familia de su hogar y padecedora de una enfermedad discapacitante, reconocida médicamente y por la propia entidad, desde el mismo momento en que la contrató.

Una década de inseguridad laboral

Marcela entró a trabajar en la Contraloría departamental el 12 de marzo del 2008. Durante sitete años, contra viento y marea, logró mantenerse en la entidad hasta el 2 de septiembre del 2015.

En esa fecha, después de una carta rogatoria de Marcela Torres, el Contralor de la época Néstor Leonardo Rico Rico reconsideró su decisión de desvincularla en razón a la “…especial protección de que son objeto aquellas personas que por su situación manifiesta se ubiquen en posición de desigualdad respecto al resto de la población, lo cual obliga a un tratamiento preferencial a fin de garantizar la igualdad material a través de discriminaciones afirmativas para los grupos que conforman los citados sujetos de especial protección.”

Durante cinco años, Marcela gozó de esa especial protección que se le acabó el 12 de junio del presente año, cuando en un frío y lacónico comunicado, el actual Contralor Edar Sierra Cardozo, dió por terminada su vinculación con la entidad.

Esta vez, de nada valieron los ruegos de la funcionaria ni la evidente y visibles huellas de la discapacidad que padece.

Torres, entonces tuvo que recurrir a la justicia quien con los ojos vendados pero la balanza de la justicia en su mano, le protegió sus derechos por cuatro meses mientras Marcela recurre a la justicia ordinaria para que le imparta justicia permanente que le permita vivir de manera más segura y menos terrorífica, hasta su legítimo derecho a percibir una pensión.

Si no es con el apoyo de un juez, a ninguno en Colombia

Los argumentos del Contralor

Pero en honor a la verdad, los argumentos del Contralor Sierra tampoco son de poca monta, aunque tengan el mismo tono frío y poco solidario de la resolución con que la despidió.

En entrevista con este periodista, Sierra Cardozo afirma que: “La funcionaria desvinculada estaba en provisionalidad. A ella la habían nombrado en proovisionalidad en el último escalón de una escalera que se había creado hace varios años cuando una funcionaria de carrera había ido en comisión a un cargo de libre nombramiento y remoción en otra entidad pública.

Cuando esa funcionaria acepta el cargo en comisión, queda su vacante. Entonces, todos los funcionarios que están en carrera, pueden aspirar a ir subiendo un escalón.

Una escalera pendular

En esa época se hizo esa escalera y la que está en condición de discapacidad, quedó en el último escalón en un cargo de servicios generales. Que es más, ni siquiera lo podía desempeñar porque la nombraron sin tener las condiciones físicas para desempeñarlo.

Entonces, que ocurrió este año. La persona que estaba en el cargo de libre nombramiento y remoción se le terminó ese libre nombramiento y volvió a la Contraloría.

Cuando ella llega, desplaza a la persona que está en su cargo y esta baja y empieza a bajar la escalera. Al bajar toda la escalera, el último cargo donde estaba Marcela, queda por fuera.”

¿No había forma de evitar que esta persona saliera de la contraloría?

Pues inicialmente no. La juez me dice, nombrela en un cargo de similar o igual jerarquía. Había otra escalera que se estaba moviendo donde había un cargo de secretaria, pero Marcela no cumple los requisitos para desempeñar ese cargo. Los requisitos de estudio y experiencia.

El respeto acomodado de los derechos fundamentales

Entonces, que hicimos durante el tiempo que ella estuvo afuera. Empezamos a mover rápidamente esa escalera. Pero, como usted sabe, para mover esa escalera hay unos derechos de carrera. Es decir, yo no puedo, como nominador, nombrar a cualquier persona si no cumple los requisitos.

Moví la escalera y quedó en la parte baja nuevamente un cargo libre de servicios generales, en el cual fue nombrada Marcela.

Yo soy una persona que siempre me he caracterizado por el respeto a los derechos fundamentales de las personas, pero por el hecho de la condición de ella, yo no podía desconocer la norma, porque lo primero que hacen es colocarme una denuncia y una queja disciplinaria por el tema de nombrar personas sin cumplir los requisitos de ley.

“A menos que un juez por sentencia judicial diga que la persona tiene derechos de carrera…”, un discapacitado es un “provisional”.

El juez tutela por encima de la ley

¿O sea que la juez está dictando una providencia por encima de las posibilidades de la ley?

Pues así lo hizo. En mi concepto así lo hizo. Es que suele pasar con los jueces. Yo vengo de trabajar en el Sena durante cuatro años y allá también era nominador y ordenador del gasto; y era frecuente que los jueces fallaran sin tener en cuenta en qué condiciones está la entidad.

En este caso, afortunadamente hay una escalera que se estaba moviendo y logramos mover rápidamente. Para que entrara Marcela me tocó desconocerle los derechos a dos funcionarios públicos que están en carrera. Ellos perfectamente me pueden colocar una tutela diciéndome “oiga yo tenía preferencia en este cargo”.

12 años de trabajo no dan ningún derecho

¿Y Marcela no puede haber adquirido un derecho durante estos doce años?

No, porque para tener derechos de carrera hay que ganar el concurso; es la única forma. O a menos que un juez por sentencia judicial diga que la persona tiene derechos de carrera; mientras tanto ella es un funcionario en provisionalidad.

Los provisionales son los cargos que se desempeñan dentro de un cargo que es de carrera administrativa y para acceder a él hay que hacer concurso. Mientreas se surte el concurso y hay cargo vacante se nombra un provisional. En la Contraloría tenemos muchos provisionales. Se nombra el provisional y hasta tanto no se haga concurso ese provisional puede estar ahí.

En este momento tenemos abierto un concurso de carrera administrativa pero está suspendido. En ese caso, si sale el concuros y ella concursa y no gana y otra persona gana sale ella, porque lo ha dicho la Corte Constitucional.

La carrera sobre la condición

Las personas que estan en condición especial como: personas en condición de discapacidad, madres cabeza de familia, prepensionados, y padres de hijos en condición especial, prima el concurso de carrera sobre la condición especial de esas personas.

El resumen de Marcela. La juez le amparó sus derechos por cuatro meses. En esos cuatro meses debe iniciar una acción ordinaria para proteger sus derechos o participar en el concuros de la carrera administrativa si se convoca. Si lo gana, tiene salvado su futuro laboral; si no, está por fuera. ¿Es correcto?

Exactamente.

Ella argumenta que reune todas las condiciones de estudio y experiencia para desempeñar el cargo superior al de servicios generales.

Pues la revisión que me hicieron en la oficina de talento humano para el cargo de secretaria ejecutiva no cumplía los requisitos. No sé si entre el cargo de servicios generales y el de secretaria ejecutiva, haya otro cargo intermedio.

Dura lex, mierda de lex

Hay un aforismo romano muy citado por los abogados: “dura lex, sed lex”. Pero si la humanidad lo hubiera aplicado rigurosamente, hace rato las minorías habrían sido exterminadas y regímenes políticos como el nazi estarian reinando en el mundo.

Por el contrario, las colectividades entendieron que hay principios morales no necesariamente legales; como hay muchas leyes que se alejan sospechosamente de los principios morales.

Si una sociedad y los funcionarios que la lideran no tienen la capacidad de establecer claramente esta distinción, el futuro que nos espera será tristemente lamentable.

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oluribe@gmail.com | + posts

Soy un periodista de ideas modernas y principios antiguos. Profeso los mismos ideales del portal como padre putativo que soy del mismo. En consecuencia creo firmemente en la necesidad de una prensa libre, de una fuente de información confiable y con criterio.

Con esta creencia que nos ha acompañado por largos años hemos intentando crear en nuestros lectores el espíritu de una sociedad informada, libre de manipulaciones políticas, con opinión independiente y crítica de su entorno, de sus dirigentes y de los males endémicos que la aquejan.

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